Sebastian Acha, Director Ejecutivo de PRO Desarrollo Paraguay, se sentó a conversar con Maria Silvia Duarte Acha de Ejempla para resaltarle algunos puntos destacados del informe sobre la Economía Subterránea en el Paraguay, realizadado en conjunto con profesionales investigadores del Instituto de Economía Sostenible de la Universidad Nacional de Asunción.

“La economía subterránea o informal representa el 41,9% del PIB de Paraguay, Sebastián Acha, parte del equipo que elaboró el informe asegura que “lo que se mueve en negro es tres veces lo que debemos en blanco”, al menos unos 10 mil millones de dólares.”

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Los llamados “paseros” en el lenguaje popular se han lanzado a bloquear rutas y puentes en protesta contra un operativo impulsado por el Gobierno para impedir el ingreso masivo de productos de contrabando.

Se presentan como defensores del consumidor, pero en realidad son pequeños contrabandistas que deben ser combatidos de acuerdo a lo que prescribe la ley. Esa actividad delictiva no debe ser aceptada por las autoridades por el pretexto de que el volumen de las mercaderías introducidas por cada “pasero” es pequeño. La multiplicación diaria de la introducción ilegal de mercaderías de todo tipo, como está sucediendo en estos momentos, afecta severamente a los productores nacionales e importadores honestos, amenazando los puestos de trabajo de miles de compatriotas. El Gobierno está facultado a usar la fuerza pública para despejar puentes y rutas. De ninguna manera el estado de derecho debe ser negociado con quienes cometen delito, por más “pequeño” que el mismo sea.

También convierte en cómplices a los dueños de despensas, supermercados y a los propios consumidores que, a sabiendas, adquieren mercaderías introducidas ilícitamente. Es decir, aparte de poner en serio riesgo el sistema productivo del país, se atenta fuertemente contra la formalización de la economía y la moralidad social.

El “contrabando hormiga”, como se le llama, mina la moralidad social y perjudica severamente a los importadores y productores que pagan los impuestos correspondientes. Quienes realizan esa actividad delictiva, muchas veces con el capital aportado por ocultos grandes financistas y con la anuencia de funcionarios aduaneros corruptos, no son trabajadores honestos. Son unos avivados cuya ganancia consiste en no abonar al fisco lo que legalmente corresponde. El principio de igualdad ante la ley exige que ella valga para todos, es decir, tanto para el que ingresa cada día productos de los países limítrofes en una escala pequeña, como para el que los contrabandea en grandes cantidades. El hecho de que no se persiga en forma a quienes introducen contenedores “en frío” no es excusa para que se acepte el contrabando menudo. Eso de que “otros lo hacen” no justifica en absoluto al “pasero” violar la ley. El Gobierno debe combatir tanto el contrabando pequeño como el grande.

La proliferación de “paseros” es el resultado de un enorme despropósito del gobierno de Federico Franco, que en junio de este año aumentó el cupo de compras de los “paseros” a dos mil dólares mensuales e incluyó 600 productos industrializados en el “régimen de despachos menores”. Como ya se vaticinó en su momento, lo que no fue más que un blanqueo del contrabando causó un incremento generalizado de la evasión fiscal, alentado enormemente por el tipo de cambio paralelo vigente hoy en la Argentina. Está a la vista que el régimen de la “microimportación” se presta a fraudes mayúsculos, pues quienes se inscriben como “microimportadores” pueden hacerlo tantas veces como allegados tenga. El límite de los dos mil dólares “mensuales” así tan fácilmente vulnerable ya resulta inútil de entrada, porque la corrupción reinante en los puestos aduaneros impide todo control efectivo.

Es difícil comparar a esos contrabandistas que activan en los pasos fronterizos con mercaderías para revender eludiendo al fisco, con las amas de casa que cruzan la frontera para adquirir un par de paquetes de provistas a consumir en su hogar en la semana. Nadie ha levantado nunca la voz contra ellas, por la simple razón de que no perjudican el sistema productivo ni inficionan la sociedad con una ilicitud. Muy distinto es, sin embargo, el caso de quienes, bajo el disfraz del trabajador humilde que necesita ganarse el pan diario, atentan contra el fisco y los empleos y la integridad moral de sus compatriotas. Si se quisiera justificar el contrabando con el argumento de que son muchas las personas implicadas, habría que responder que son muchos más los paraguayos decentes que pueden quedar desocupados por culpa directa de los “paseros”, como por ejemplo los 15.000 que trabajan en la industria aceitera. Son ellos los que merecen la protección gubernativa mediante la prevención del contrabando y el castigo de quienes defraudan al fisco y corrompen la sociedad.

Nada tienen que reclamar quienes practican el delito en forma reiterada y, a la larga, a gran escala. No hay que blanquearlos, sino combatirlos. A todos, incluídos sus autores, cómplices y encubridores, entre los que se destacan los funcionarios aduaneros, quienes, por tanto, deben ser perseguidos en el marco de la ley. Esta debe regir para todos.

Los importadores y los productores honestos tienen todo el derecho de ser protegidos de los contrabandistas, sean ellos grandes o pequeños. Violar el principio de igualdad ante la ley implica transmitir el mensaje de que no vale la pena ceñirse a ella, y de que para prosperar hay que evadir al fisco.

Se debe insistir en que el contrabando masivo resultante de la actividad cotidiana de los “paseros” afecta no solo a la economía formal, sino también a las mismas fibras morales de nuestra sociedad. El “nuevo rumbo” anunciado por el Gobierno debe conllevar también el saneamiento moral del país. Combatir a quienes delinquen y defender a los honestos es propio de un Estado en el que impera la ley. Cumplirla y hacerla cumplir es un deber gubernativo. El imperio del derecho y de la moral, así como la solidez de la economía, exigen que el “contrabando hormiga” sea combatido con el mismo rigor con que debe combatirse el contrabando a gran escala.

Por lo tanto, no hay que ceder al chantaje de quienes cierran rutas y puentes para poder seguir socavando la economía del país; por el contrario, se debe hacer efectivo el derecho constitucional de transitar libremente por el país y aplicar el Art. 218 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa al que impide el funcionamiento de una estructura que sirva al transporte público.

En consecuencia, el Gobierno está facultado a usar la fuerza pública para despejar puentes y rutas y, eventualmente, aplicar también el Art. 296 del Código Penal, según el cual quien resiste mediante la fuerza o la amenaza de ella a un funcionario encargado de ejecutar las leyes, debe ser multado o encarcelado. De ninguna manera el estado de derecho debe ser negociado con quienes cometen delito, por más “pequeño” que el este sea.

En base a diversas declaraciones falsas y malintencionadas realizadas a la prensa en los últimos días, Unilever de Paraguay desea aclarar a la opinión pública cuanto sigue:

LOS PRODUCTOS DE UNILEVER NO TIENEN TRIPOLIFOSFATO DE SODIO EN SU FORMULACIÓN. Todos los análisis que se realizan y que han realizado las diferentes autoridades paraguayas pertinentes a nuestros productos han dado en todos los casos negativo a la presencia de Tripolifosfato de Sodio, desde la entrada en vigencia de la Ley N°4397/11 a finales de 2011.

 Aún así, nuestra compañía no puede operar. Como resultado de una acción de amparo presentado por un grupo de empresas contra la Dirección Nacional de Aduanas, un Juez interpretó una letra “o” por una letra “y”, modificando el sentido y la letra de la Ley N° 4397/11, apartándose de sus facultades y tomándose atribuciones legislativas que no le corresponden. Como resultado, se logró bloquear la importación de productos domisanitarios pues se exigen certificados extranjeros que no existen ni son expedidos por los países de la región.
Es nuestro derecho defendernos. Unilever de Paraguay no fue parte en el amparo dictado por el Juez Ayala Brun y así lo entendió la Corte Suprema de Justicia. Ante este estado de indefensión y el ilegítimo impedimento de ingresar nuestros productos, hemos recurrido a la justicia para la correcta aplicación de la Ley N° 4397/11.
Apelamos al respeto de la independencia del Poder Judicial. Nos alarma que a través de los medios existan gremios amenacen abiertamente con en el enjuiciamiento de una magistrada si no falla de acuerdo a sus intereses.

 Repudiamos la campaña iniciada sobre la base de la supuesta utilización de un componente (tripolifosfato de sodio) que no existe en nuestros productos importados legalmente al país, como excusa para poner trabas a la importación de todos los productos domisanitarios, yendo en contra de todos los principios de libre comercio y limitando la posibilidad de los ciudadanos de elegir sus marcas preferidas.
Nuestra compañía respeta y cumple con todas las leyes en todo el mundo. En muchos casos, nuestros estándares son más exigentes y rigurosos que las legislaciones locales. Operamos con las mismas reglas en todos los países basados en nuestro Código de Principio de Negocios que persigue el respeto a las leyes y la ética profesional. Trabajamos en Paraguay con los máximos lineamientos de calidad, seguridad y cuidado del medioambiente.
Competimos libremente con calidad e innovación. Somos una compañía que ofrece marcas en más de 170 países, todas ellas preferidas por los consumidores por su calidad e innovación. En todas partes competimos libremente con otras marcas por las preferencias de los consumidores.
Más de 1.400 familias paraguayas dependen de nuestra compañía. Nuestro deber no sólo es defender nuestros derechos que se ven seriamente afectados por una interpretación abusiva que tergiversa el espíritu de la ley, sino también luchar por el libre comercio, la libertad de elección de los consumidores y contribuir a la generación de un buen clima para la inversión en Paraguay.

A pesar de no utilizar tripolifosato, las marcas de Unilever siguen siendo detenidas en aduana.

Un amparo modificó la letra de la Ley, solicitando más certificados de los que ésta sostenía inicialmente, más allá de estar 100% comprobado la ausencia de tripolifosfato. A pesar de cumplir con la Ley, Unilever tiene 62 camiones paradosen frontera.

Villa Elisa, 6 de febrero de 2013 – Desde la entrada en vigencia de la Ley N°4397/11 a finales de 2011, todos los análisis que se realizan y que han realizado las diferentes autoridades involucradas (DINAVISA, SEAM y MIC) a los productos OMO, SKIP, Cuñataí y Brilhante han dado de manera sistemática y reiterada negativo a la presencia de Tripolifosfato de Sodio. Todos los resultados de estudios, certificados y declaraciones que lo avalan están a disposición de quien desee informarse más.

Aún así, la Compañía no puede operar. Un amparo presentado recientemente contra la Dirección Nacional de Aduanas que hace una interpretación del Artículo N°2 que va más allá de la Ley N°4397/11, ha bloqueado la importación de todos los productos domisanitarios solicitando certificados que no existen en los países de origen. Poniendo trabas a la importación de todos los productos domisanitarios, con la excusa de un componente que no existe en ninguno de los productos importados legalmente al país, el único beneficiado es el contrabando.

Nuestra Compañía respeta y cumple con todas las leyes en todo el mundo. En muchos casos, nuestros estándares son más exigentes y rigurosos que las legislaciones locales. Operamos con las mismas reglas en todos los países basados en nuestro Código de Principio de Negocios que persigue el respeto a las leyes y la ética profesional. Trabajamos en Paraguay con los máximos lineamientos de calidad, seguridad y cuidado del medioambiente.

Es así que se obstaculiza el libre comercio, el Estado deja de percibir importantes ingresos al fisco y se limita la posibilidad de elección de las marcas preferidas por los ciudadanos.
Por ejemplo, si se dejaran de importar jabones para lavar, el fisco dejaría de percibir más de 20 mil millones de guaraníes al año, con las consiguientes pérdidas de empleo, retenciones patronales, IPS y caída del consumo.

Más de 1.400 familias paraguayas dependen de nuestra Compañía. Nuestro deber no sólo es defender nuestros derechos que se ven seriamente afectados por una interpretación abusiva que tergiversa el espíritu de la ley, sino también luchar por el libre comercio, la libertad de elección de los consumidores y contribuir a la generación de un buen clima para la inversión en Paraguay.

Sobre Unilever:

Unilever tiene operaciones en 100 países y alcance en más de 190. En Paraguay, es uno de los principales contribuyentes al fisco aportando 12.445 millones de guaraníes anuales (Puesto N°11).

La compañía trabaja para satisfacer las necesidades de nutrición, cuidado personal y limpieza del hogar, y tiene la misión de trabajar por un futuro mejor cada día ayudando a la gente a sentirse bien, lucir bien y aprovechar más la vida con marcas y servicios que son buenas para ellos y para los demás. Dos mil millones de veces al día, alguien, en algún lugar, usa una marca de Unilever.

A pesar de no utilizar tripolifosato las marcas de Unilever siguen siendo detenidas en aduana.

Unilever está presente en Paraguay desde 1996 junto a sus reconocidas marcas: Omo, Skip, Cuñatai, Brilhante, Cif, Comfort, Vivere, Sedal, Dove, Suave, Clear, Lux, Rexona, Lifebuoy, Axe, Close Up, Pond’s, AdeS, CICA, Knorr, Hellmann´s, Fanacoa, Arisco, Delicata, Doriana, Savora, Maizena, Tresemmé y St. Ives. En noviembre de 2010 lanzó su Plan de Vida Sustentable a nivel mundial. El Plan es un modelo de negocios que abarca desde el origen de la materia prima del producto, su calidad nutricional, hasta el uso y desecho de los envases en el hogar. El Plan de Sustentabilidad tiene por objetivo hacer crecer la compañía, reduciendo su impacto ambiental y promoviendo el desarrollo social y económico.

Productos argentinos de contrabando entran de forma masiva por los puertos de:  Itá Enramada, Puerto Pabla, Nanawa, Sajonia e Itapytãpunta.

El ingreso ocurre apesar de que en dichos lugares están ubicados puestos de controles fijos del Departamento Técnico Especial de Vigilancia Aduanera (Detave), a cargo de Adolfo Almirón, y cuyo trabajo precisamente es evitar que estas mercaderías lleguen a los centros comerciales la capital.

Cada contrabandista tiene su rubro y su ruta. Datos proveídos por investigadores de la Policía confirman que por la zona de Nanawa, Vista Alegre (Chaco) ingresan cargamentos de azúcar, medicamentos y productos comestibles. por Puerto Pabla, los contrabandistas introducen todo tipo de hortalizas y verduras en grandes cantidades. Mientras que por Itá Enramada y Río Negro ingresan ropas finas, cervezas, golosinas. Sajonia es casi exclusivamente para el ingreso de aceite. Cada contrabandista supuestamente paga un “tributo” para que sus mercaderías no sean incautadas antes de llegar al Mercado 4, según los datos.

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