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Primero cerrar la brecha de la informalidad, después elevar los impuestos

El domingo pasado se instaló en redes sociales un interesante debate entre Oscar Acosta, el Ministro de Hacienda Santiago Peña, y el Director Ejecutivo de Pro Desarrollo Sebastian Acha, acerca de los rumores inminentes surgidos del seno de la Subsecretaria de Estado de Tributación, que proponen retener entre el 1 y 2% como anticipo de renta personal y establecer un tope de gastos familiares deducibles de hasta 5 millones de Guaraníes.

Lo lindo de la democracia y del uso de la tecnología es que hayamos podido -en tiempo real- plantear estas cuestiones y recibir un retorno del propio jefe del equipo económico de nuestro país, el Sr. Ministro de Hacienda.

El debate digital migró al plano físico de discusiones ‘cara a cara’ a inicios de la semana, con la participación de las personas ya indicadas, además de Menchi Barriocanal y Wendy Marton, periodista del diario Última Hora.

La premisa de la cual parte la administración tributaria -según lo expuesto por el Ministro de Hacienda- es la de instalar un sistema más equitativo de impuestos a través de un sistema proporcional de pago de tributos.

Sebastian Acha, como proyectista de la Ley 2421/04 ‘de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal’ que creó en su momento el Impuesto a la Renta Personal, explicó que el IRP no es un impuesto a la renta propiamente, sino un “impuesto a los gastos no deducibles”. Qué significa esto? Que si uno gana 100 y gasta 100, paga cero. Como acredita su gasto? Con facturas legales.

Acha, dando a conocer la postura de Pro Desarrollo al respecto, continuó señalando que si se estima una evasión del 50% ante la SET y 70% ante el IPS, no sería justo un aumento de impuestos, pues los que YA pagan, terminarían PAGANDO MÁS. Las tasas efectivas serán mayores para los que ya contribuyen, mientras que los que evaden, seguirán aportando cero (0) Guaraníes al fisco.

En otras palabras, lo justo sería que primero la autoridad tributaria se encargue de cerrar la brecha de la informalidad y la evasión, y después de eso empezar a pensar en modificar y eventualmente, aumentar impuestos.

Acha instaló en el debate una serie de planteamientos a modo de propuestas de cambio. Por qué no controlar la evasión en la Dirección Nacional de Aduanas? Por qué Aduanas no responde a la autoridad tributaria del país? Por qué no se cruzan los datos de contribuyentes entre la SET, Aduanas e IPS, a efectos de conocer la identidad de muchos evasores que de momento son anónimos?

Si la autoridad tributaria a estas preguntas ofrece respuestas ejecutando planes y líneas concretas de acción para conocer y mitigar el impacto de los evasores a través de la formalización, la solución para obtener mayores recaudos seria mucho mas justa, EQUITATIVA (valga la redundancia) y masiva.

Sacar los deducibles que hoy ofrece el IRP fomentará la informalidad y la evasión, pues nadie tendría motivo para ser formal pues no pedirían facturas que no pueden deducir. La Ley 2421/04 desde los inicios de su creación, tuvo un espíritu formalizador más que recaudador, porque buscaba cerrar el circulo de la formalización. Al proveer deducibles el ciudadano con mayor incentivo pide factura, y de esta forma se nominaliza el flujo comercial, el cual históricamente ha sido anónimo.

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